Por @JeanSuarez
Los aumentos en Venezuela, parece ser un tema delicado en incluso un tema tabú, debido a que la traducción que se hace de los mismos sobre más inflación, menor capacidad de compra y por supuesto más "desestabilización". Sin embargo, dicha "desestabilización" en el orden político en caso de un aumento de la gasolina, viene sólo de una sola fuente: el Estado. Y que apunta hacia una sola dirección: El Ciudadano.
La extracción, procesamiento y venta de combustibles fósiles en el país es manejada monopólicamente por el Estado, así como su distribución una vez transformado en producto terminado de consumo masivo, es decir diésel o gasolina, por lo tanto el detrimento o beneficio de mantener precios congelados de dichos derivados durante más de quince años compete al Estado. Hay que indicar que el detrimento va en el orden económico y el beneficio en el orden político.
Está de más indicar que el actual precio de la gasolina posee una distorsión de difícil cálculo ante el rezago de más de 15 años, así lógicamente un aumento podría producir un shock económico o social. Es tal la distorsión que un galón de gasolina en Colombia equivale a 7 bolívares a cambio oficial de 6,30, esto para los primeros días de enero de 2014, mientras que en Venezuela el mismo galón vale un equivalente de 0,34 bolívares, es decir un diferencial de 2055%.
Este diferencial con respecto al mercado y no acorde con la estructura de costos actual por extracción, refinación, distribución y venta, afecta al país y al Estado pues el subsidio (cantidad de dinero que desembolsa para asegurar el despacho, comercialización y venta de gasolina) alcanza según palabras del presidente de PDVSA Rafael Ramirez, 12.592 millones de dólares al año por subsidio, sin embargo se estima que sea entre $20.000 millones y 25.000$ millones por importación de gasolina y otros derivados que se paga a precios internacionales.
Ramirez, también indicó que producir gasolina cuenta 2,7 bolívares en promedio, lo cual es manifiesto expreso no sólo de las distorsiones, sino de la falta de colocar precios acorde a la realidad, pues dicho subsidio bien podría usarse para gastos operativos, de orden social, mejorar su flujo de caja, aumentar el aporte al BCV y otros fondos, ayudando a cerrar el déficit fiscal existente en 2014.
A pesar, de estar justificado un aumento de la gasolina por lo antes expuesto, posee grandes obstáculos sobre todo políticos y sociales, debido a la sensibilidad de la población y el recuerdo de El Caracazo y la hipersensibilidad del Gobierno ante los aumentos que no son considerados como una medida Socialista sino que es un acción "Neoliberal y Capitalista" que afecta al más desvalido.
Sin embargo, y a pesar de los sucesos de El Caracazo producto de las medidas implementadas en el año de 1989 por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, incluido el aumento del 100% de la gasolina, el presidente Rafael Caldera autorizó aumentos del 300% y 500% sin que se produjeran shocks sociales de importancia, estableciendo incluso el precio que conocemos hoy y que se ha mantenido desde entonces, el cual es comprensible que acumule 15 años de distorsiones.
En resumen, un aumento de la gasolina tendría impacto económico en principio negativo para el ciudadano común que posee automóviles y para el sector transporte, tanto de pasajeros como de bienes y servicios debido al fuerte incremento inicial, sin embargo dicho aumento debe realizarse para ajustarse a la realidad al menos de los costos, pues el combustible no es parte siquiera de las matrices de costos de las empresas.
Dicho aumento mejoraría el flujo de caja de la PDVSA al tener que desembolsillar menos cantidad de dólares por concepto de subsidio y dirigir ese dinero a obras de inversión en plantas, inversión social, pago de deuda interna o externa, reducción por parte del Estado del déficit fiscal, aumento de las reservas internacionales, entre muchos otros aspectos positivos de la medida, pues de canalizarse de manera correcta, el beneficiado final será realmente quien no recibe ningún tipo de amparo ante tal subsidio, pues el venezolano promedio no posee vehículo, sino que se transporta por medio de unidades de transporte público en muchos casos, sector que si resulta medianamente sensible ante un aumento, pero beneficiado en corto, mediano y largo plazo ante la disminución del consumo, disminución del tráfico y aumento de pasajeros; todo esto además del impacto positivo de la medida hacia el medio ambiente.
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